///Barcelona: Airbnb en el punto de mira de la administración municipal y regional: los propietarios se inquietan.

Barcelona: Airbnb en el punto de mira de la administración municipal y regional: los propietarios se inquietan.

Airbnb, plataforma dedicada al alquiler de viviendas de particulares, conoce un éxito de nivel mundial. En la ciudad de Barcelona, destino que goza de un aura internacional, fama cosmopolita y millones de visitas de turistas cada año , este éxito es particularmente intenso.

El espectacular desarrollo de Airbnb perjudica al sector hotelero, como competencia directa. También perjudica al equilibrio de las grandes ciudades como Barcelona, donde las ya denominadas «inversiones Airbnb” (apartamentos comprados por particulares o profesionales para alquilarlos a través de dicha plataforma) causa una escasez de viviendas y, por tanto, un aumento del precio de los alquileres y la consecuente insatisfacción de la población local manifestada en un aumento en el número de quejas por trastornos vecinales.

En Cataluña, los alquileres turísticos se rigen por una ley de 2012 que distingue dos tipos de bienes: en primer lugar, los apartamentos que integran un edificio entero  donde los usuarios también se benefician de servicios de restauración, limpieza, etc.; por otro lado, las viviendas individuales, alquiladas por un propietario que no proporciona ningún beneficio o servicio de hospedaje adicional. En este último caso, para alquilar dicho inmueble por un período inferior a 31 días, es necesario disponer de una licencia turística concedida por el departamento correspondiente del municipio de Barcelona. Una vez obtenida esta licencia, el apartamento se inscribe en el Registro de turismo de Cataluña y se puede ofertar para el alquiler vacacional. Sin embargo, en la práctica, muchos apartamentos se ofrecíana extranjeros , incluso a través de la página web de Airbnb, sin ningún tipo de licencia.

En el marco de la lucha contra el alquiler turístico «salvaje», el 16 de julio de 2014, la Dirección General de Turismo y la Administración de la Generalitat de Cataluña dictó una resolución contra Airbnb, condenándole al pago de una multa de 30.000 euros por » la prestación de servicios turísticos sin la autorización correspondiente, con la obligación de cesar todas las actividades «. El 2 de septiembre de 2014, la misma autoridad pronunció una nueva resolución condenando a Airbnb a una de multa de 1.500 euros por no haber ejecutado la resolución anterior al continuar sus actividades sin cambioalguno.

Airbnb presentó entonces un recurso ante el Tribunal Administrativo de Barcelona con el fin de obtener la anulación de las resoluciones administrativas y de las sanciones impuestas.

El 29 de noviembre del año 2016, el Tribunal contencioso-administrativo de Barcelona anuló las multas ordenadas por la Dirección General del Turismo y de la Administración de la Generalitat de Cataluña, reconociendo así que Airbnb no podía incurrir en  responsabilidad por el hecho de que personas no autorizadas alquilasen sus viviendas a través de su página web.

De este modo, el Tribunal calificó la actividad de Airbnb como «la puesta en servicio de explotacion de una plataforma tecnológica “online” que permite la interconexión de particulares (…) en materia de alojamientos turísticos. (…) Su actividad es la mediación. (…) AIRBNB ONLINE SERVICES SPAIN S.L. (la empresa sancionada), no participa en las transacciones entre particulares a través de la plataforma AirBnb y no cuenta con sistemas informáticos que permitan la gestión, modificación o mantenimiento de la plataforma”. Por otra parte, el Tribunal afirmó que la gestión de los recursos, la fijación de precios y otras características específicas relacionadas con el uso de una vivienda alquilada son responsabilidad de los propietarios. En su opinión, Airbnb no interviene en la relación inquilino / propietario y sólo representa un sistema de comunicación digital puesto a disposición de los usuarios.

Este análisis del Tribunal Administrativo de Barcelona se adecúa ala jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que, sobre la base de las normas europeas, considera que una plataforma web no es responsable de los contratos firmados entre sus usuarios, cuando no interviene en el referido contrato. De hecho, la plataforma constituye sólo un intermediario que permite que la relación contractual se forme, pero no se hace responsable.

Así, el Tribunal reprende la Generalitat que sancionó a Airbnb sin fundamentación jurídica o texto aplicable a su argumentación. Los jueces explicaron que, de hecho, la existencia de un vacío legislativo en el sector de la «economía participativa» no permite a la administración penalizara los actores en este sector al no poderlos encuadrar en los casos tipificados por los textos legales.

El resultado final de esta batalla judicial aún es incierto, ya que la decisión de primera instancia ha sido apelada.

Sin embargo, si bien la Administración no puede atacar, al menos por el momento, a Airbnb, sí ha adoptado instrumentos para facilitar la sanción de los particulares que violan la ley al alquilar su propiedad ilegalmente. El 10 de agosto de 2016, la controvertida alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, anunció que la Dirección General de Turismo y la Administración de la Generalitat de Cataluña castigarían a los propietarios de 254 apartamentos amueblados alquilados sin autorización con una multa de 30.000 euros a cada propietario. La identificación de estos apartamentos alquilados ilegalmente ha sido posible gracias a la creación de un registro on-line mediante el que se puede comprobar, a través de un formulario, si un inmueble en Barcelona, ​​de cualquier tipo, dispone o carece de una licencia turística. De los 254 apartamentos identificados como lugares turísticos sin licencias, 234 lo fueron después de la denuncia realizada a través de este formulario. En 2015, el municipio ya había sancionado y, por lo tanto, retirado del mercado del alquiler turístico 388 viviendas alquiladas sin licencia.

En conclusión, en Barcelona, como en otras partes, a pesar de la determinación de la administración municipal y regional, ésta no ha logrado «atrapar» a Airbnb. Sin embargo, se han desarrollado mecanismos alternativos muy eficaces para sancionar a las personas que violan la ley.

Virginie Molinier

M&B Abogados

By |2018-10-20T22:48:23+00:004 abril 2017|Tags: , , |Sin comentarios

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